El sistema eléctrico español atraviesa un momento de tensión estructural debido al fuerte crecimiento de las energías renovables sin un aumento equivalente de la demanda. Este desequilibrio ha obligado al operador del sistema, Red Eléctrica de España, a recurrir con mayor frecuencia a restricciones técnicas y al uso de tecnologías síncronas —como ciclos combinados o hidráulica— para garantizar la estabilidad de la red, especialmente en periodos de alta generación renovable y baja demanda.

Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica de España implementó la denominada Operación Reforzada, una estrategia que ha incrementado notablemente el uso de generación convencional. Según un informe de la consultora PwC, esta medida ha elevado los costes del sistema en torno a 1.000 millones de euros respecto a 2024, con un aumento significativo en los servicios de ajuste y restricciones técnicas. Esto se traduce en un encarecimiento de la electricidad, estimado en unos 36 euros anuales por hogar y en un incremento del 19% en el precio final.

Las consecuencias económicas afectan a todo el ecosistema energético: los consumidores —especialmente los acogidos al PVPC— ven incrementadas sus facturas, la industria sufre mayor incertidumbre y pérdida de competitividad, y las comercializadoras asumen sobrecostes difíciles de trasladar a corto plazo. Además, el mayor uso de gas desplaza a las renovables, incrementando emisiones y vertidos. Ante este escenario, es necesaria una mayor transparencia regulatoria y mecanismos estables de recuperación de costes, con el papel clave de supervisión de la CNMC para evitar que esta medida excepcional se prolongue en el tiempo.