Hablar de justicia energética es hablar de equidad, de cómo se reparte el coste y el beneficio de un sistema energético en transformación. En un contexto de descarbonización urgente, las políticas públicas deben garantizar que la transición hacia una economía baja en carbono no recaiga sobre quienes menos capacidad tienen para afrontarla. Sin embargo, el actual modelo fiscal y tarifario en España sigue penalizando, en muchos casos, a las rentas más bajas.

La electricidad —la fuente de energía más limpia y llamada a liderar la transición— soporta una carga fiscal más elevada que otras energías fósiles, generando una paradoja: se grava más lo que debería incentivarse. Una fiscalidad verde, coherente con los objetivos climáticos, debería aliviar el peso impositivo de la electricidad y trasladar la carga hacia los combustibles más contaminantes, beneficiando así tanto a las familias vulnerables como al conjunto de la sociedad.

Pero la justicia energética no se logra solo con una reforma fiscal. También exige mecanismos de protección eficaces y justos para los consumidores vulnerables. El actual bono social eléctrico presenta limitaciones en su diseño y aplicación: su financiación recae sobre todo el sector, su acceso es complejo, y no siempre llega a quienes realmente lo necesitan. Mientras, el bono térmico, gestionado por las comunidades autónomas, carece de control sobre su destino y no garantiza que se aplique al gasto energético real. Frente a este modelo fragmentado, sería más razonable avanzar hacia un cheque energético único, ajustado a la renta y al consumo efectivo, o incluso a deducciones en el IRPF que aseguren una compensación equitativa.

Además, la protección del consumidor debe extenderse al ámbito comercial y tecnológico. Las prácticas abusivas de telemarketing y los fraudes en la contratación eléctrica socavan la confianza en el sistema y afectan con especial dureza a los hogares más vulnerables, que pueden perder ayudas o sufrir cambios de contrato no consentidos.

La supervisión institucional, el refuerzo de los Servicios Sociales y la colaboración con los ayuntamientos en la detección temprana de impagos son herramientas fundamentales para prevenir la exclusión energética. La justicia energética, en definitiva, no es solo una cuestión técnica o económica: es un compromiso social que exige coherencia, empatía y una visión inclusiva de la transición ecológica. Solo así podremos avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible, en el que nadie quede atrás.